El fiscal General de la Nación encargado, Guillermo Mendoza Diago, anunció que va a analizar detenidamente la circunstancias que rodearon la investigación del fiscal encargado del caso de Rubén Darío Granda -hermano del llamado 'canciller' de las Farc Rodrigo Granda- y dos de sus familiares, y por el cual un juez ordenó su puesta en libertad.

Rubén Darío Granda aparece en el PC de 'Reyes' como 'Perales'.

El Fiscal (e.), Guillermo Mendoza Diago, aseguró que en estos casos la Fiscalía solo propone, pero no toma decisiones, aunque si tiene la opción de apelar las mismas.

"La Fiscalía hace propuestas en este sistema acusatorio y quien decide es el juez, en este caso el juez de control de garantías", afirmó Mendoza Diago.

Un 55% aumentaron muertes violentas

En las calles de la Comuna 13 de Medellín es frecuente encontrar que la policía realiza operativos en los que captura a jóvenes con armas, pero a los que dejan ir porque se allanan a cargos y no los puede retener. El sistema penal fue diseñado para agilizar los procesos judiciales y que las cárceles no se atiborren con actores de delitos menores como el porte ilegal de armas.

La petición para hacerse parte en el proceso fue negada por el juez de primera instancia y por la Fiscalía.

El Tribunal Superior de Villavicencio concedió a las víctimas el derecho a hacerse parte en el proceso por homicidio que adelanta la justicia contra Braulio Casas Bacca, negado en sentencia de primera instancia.

El artículo 81 del rito penal, Ley 600 de 2000, señala que "el factor territorial es el principal elemento para establecer el juez que debe conocer de un proceso; así, para efectos del juzgamiento, los ‘jueces del circuito conocen de los hechos ocurridos en su respectivo circuito, salvo lo dispuesto en norma especial'. Sin embargo, el artículo 83 de la ley mencionada ha previsto la competencia a prevención, cuando la conducta punible se realice en varios sitios, en lugar incierto o en el extranjero, por tanto, para adjudicar el conocimiento del asunto debe contemplarse en estos casos, el lugar donde se haya formulado la denuncia o donde se hubiere avocado la investigación". Así lo resaltó la Corte Suprema de Justicia al declarar que la competencia para conocer del juicio adelantado en contra de Guido Antonio Fernández Medina, ex empleado de la Empresa Puertos de Colombia, y Ricardo José Torres Morales, su apoderado, radica en el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Barranquilla.

Según el informe de ponencia, los delitos menores serán penas principales el trabajo social no remunerado en dominicales y festivos, la multa y el arresto. El trabajo social no remunerado se llevará a cabo en instituciones públicas o privadas que cumplan una función social y podrá implicar la participación en campañas a favor de los derechos de las víctimas. Este trabajo se llevará a cabo, en lo posible y según lo que disponga el funcionario, teniendo en cuenta la profesión, arte u oficio que desempeñe el infractor y en labores que aparezcan en los manuales de funciones de la entidad como propias del cargo a realizar. La ejecución del trabajo social no remunerado se ceñirá a las siguientes condiciones: Su duración diaria no podrá exceder de 8 horas; su duración total será de 6 a 24 semanas; se desarrollará bajo el control del juez de ejecución de penas, quien podrá para ese fin, requerir informes sobre el desempeño del trabajo a la entidad o asociación en que se presten los servicios; su prestación no será remunerada.

Magistrados de México asistirán a una audiencia publica de una persona a quien acusan de trafico y porte de estupefacientes, caso que se encuentra en manos del ente investigador en la fiscalia.

Con el objetivo de socializar el Plan de Seguridad que se ejecutará durante la Semana Santa, la Administración Distrital y la Policía Nacional realizaron un Consejo de Seguridad Turística con el gremio hotelero, en donde se analizaron los operativos y estrategias que se desarrollarán en materia de seguridad.

El Ministro de Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, llamó la atención sobre los inconvenientes de carácter técnico y de interpretación en la aplicación del Sistema Penal Acusatorio, lo que ha dejado en libertad a delincuentes capturados en flagrancia.

Hoy entra en vigencia en cinco departamentos de la orinoquia que hacen parte del Distrito Judicial de Villavicencio, el sistema penal oral para adolescentes.
El nuevo sistema contempla la penalización a menores que cometan delitos de gran connotación, con penas que van hasta los ocho años, según el código para adolescentes.

Seminario Interdicción Marítima con énfasis en Sistema Penal Acusatorio.

Las sanciones van desde la reclusión hasta por ocho años y la prestación de servicios comunitarios como una forma de reparación.

Aunque varios juristas coinciden en que el actual sistema penal acusatorio debe ser replanteado, igualmente señalan que el eje del problema va mucho más allá.

Según el presidente del Consejo Seccional de la Judicatura, magistrado Romelio Elías Daza, fallas como la carencia de Policía judicial en cantidad y preparación, han permitido, por ejemplo, que actualmente de 33 mil investigaciones que tiene en su poder la Fiscalía, 23 mil ni siquiera han empezado trámite.

Pese a que la ley fue diseñada para ser garantista, afirmó Daza, el sospechoso se deja libre, muchas veces por carencia de pruebas o por errores de procedimiento, a raíz de la falta de capacitación a los funcionarios.

"La diferencia de criterios jurisprudenciales y los vencimientos de términos son los que nos generan mayor preocupación" aseguró el magistrado.

Al respecto el presidente del Colegio de Jueces y Fiscales del Meta, Héctor Alonso Martínez, dijo que este tipo de análisis debe corresponder a una verdadera política criminal y no a casos coyunturales diseñada directamente por el Estado.
Afirmó que el sistema acusatorio actual, más que ser garantista, lo que busca es que se respeten los derechos constitucionales de los sindicados.

No hay urgencia manifiesta, dice alcalde de Villavicencio
A pesar del clamor de un sector del consejo y de varios líderes cívicos para decretar la urgencia manifiesta en seguridad, que permita agilizar la contratación de implementos para contrarrestar la ola delincuencial que afronta Villavicencio, especialmente con la puesta en funcionamiento de las cámaras de seguridad, el alcalde, Raúl Franco, afirmó que no la va a decretar.

Según el mandatario municipal, anteriores sanciones de tipo disciplinario emitidas por la Procuraduría en contra de quienes han implementado por primera vez esta figura, frenaron la decisión.

Una condena sin antecedentes contra los robos de menor cuantía, impuso un juez en Bogotá.

La implementación del sistema en el país costará $20.000 millones y busca mejorar la capacidad de esta rama.

Miguel Oswaldo Preciado Torres, cabo segundo del Ejército, aparecía en los registros de las autoridades como secuestrado por las Farc desde el 3 de octubre de 2005, pero fue capturado hace tres semanas cuando se vio implicado en una riña, lo que destapó su engaño: se había hecho pasar como rehén mientras estaba en su casa, todo para recibir una ayuda económica.

La Justicia Penal Militar entrará en la era del Sistema Penal Acusatorio a partir del primero de enero de 2010.

Ese cambio, según el coronel Édgar Emilio Ávila Doria, director de JPM, "obligará a realizar unos ajustes de personal".

El término impunidad ha sido interpretado desde distintos puntos y con distintas visiones, lo que ha llevado a resultados diferentes cada vez que es analizado por una institución.

Un proyecto de acto legislativo que ya está radicado en el Congreso y que evitaría más cambios en el Código Penal, levantó ampolla entre los senadores uribistas y reticencia en algunos ex magistrados constitucionalistas.

Las preocupaciones derivadas de la crisis económica que se vive hace varios meses en el país han tenido la particularidad de mantener a los colombianos muy pendientes de las cifras, estadísticas e indicadores relacionados con las principales variables macroeconómicas.