EL CATÁLOGO DE SUGERENCIAS DE la Comisión de Reforma a la Justicia, presentado esta semana, se preocupó más por los problemas en la cúspide y en las urgencias de sus magistrados, que en soluciones para erradicar la morosidad en los trámites judiciales o extirpar la corrupción en algunos despachos.

justicia. Impedirle al ciudadano formular directamente la tutela contra fallos judiciales, como hoy puede hacerlo, para obligarlo a contratar un abogado, recorta un derecho y en la práctica deviene en algo inútil, pues en la mayoría de los casos, quien controvierte una decisión judicial por vía de tutela, lo hace asistido de un jurista.

Pero la emboscada a la tutela contra decisiones judiciales es mayor. Se pretende someter al tutelante a que demuestre la incidencia de la violación del derecho invocado en la decisión del juez, es decir, convertirla en un procedimiento farragoso, más parecido a la casación, que al efectivo instrumento contra el abuso judicial. A esto se suma la idea de limitar la tutela contra algunas decisiones de las altas cortes.

La expedición de nuevos códigos procesales que conviertan en regla general la oralidad, en vez de descongestionar, suscitaría traumatismos. Si de verdad se pretende implantar la oralidad, el camino no es codificar la inexperiencia, sino aprovechar lo poco que hay para atemperarlo a los nuevos vientos. Ya se sabe que entre el momento en el que se expide un nuevo estatuto procesal y aquel en el que se asimila, transcurren años de esfuerzos.

Menos interesante resulta someter a los jueces a la camisa de fuerza de tener que adoptar sus decisiones de acuerdo con la jurisprudencia de las altas cortes. Esta postura envejece la jurisprudencia, así se pretenda facultar a los jueces para desconocer las decisiones de sus superiores, siempre que realicen sofisticados análisis, los cuales comprometerán la rapidez del despacho que se atreva a tanto.

La extensión a 12 años de los períodos de los magistrados de las altas cortes, apenas tendría consecuencias en las vidas de los togados. Lo mismo ocurre con la antipática solución de extenderles la edad de retiro forzoso a 70 años, que hoy está en 65, disposición que, de acogerse, solamente pondría a salvo de la ilegalidad en la que ya se encuentran algunos de esos magistrados y sus auxiliares. La respuesta de un país que tiene un inmenso mercado laboral de gentes menores, para que unos magistrados conserven sus cargos hasta los 70 abriles, es una salida odiosa, más si ella proviene de sus ex colegas.

Otro tanto puede decirse de la prórroga de un año en el período del Fiscal, propuesta que parecería estar diseñada en la aspiración del actual Gobierno de que el próximo presidente no participe en la renovación del titular de tan importante cargo. La propuesta para que sea la Corte quien terne y el Presidente quien escoja, solamente es un enroque menor.

Se echan de menos en la propuesta remedios eficaces contra la corrupción, como si ese cáncer no estuviere afectando ya algunas altas corporaciones. Tampoco vinieron soluciones a ese cuello de botella en que se ha convertido la designación de nuevos magistrados, como está ocurriendo en el Consejo de Estado, donde después de meses y numerosas reuniones, sus magistrados no han podido proveer una vacante en la Sección Tercera, la más congestionada y morosa del país, porque los consejeros andan enredados en politiquería o intercambiando cuotas burocráticas.

Quedó en deuda, pues, la ampulosa Comisión de Reforma a la Justicia, que solamente pensó en pequeños e inútiles remiendos.