Por Fernando Bernal Escobar

Más, si decidimos dar reversa hacia nuestros días en los cuales acudíamos a la facultad de derecho para alcanzar el cielo en cada hora de cátedra maestra, de quienes alternaban su honrosísimo cargo de magistrados con la cátedra universitaria para hacernos partícipes de todo el legado de la juridicidad colombiana. Al mirar hoy hacia el foro no deja de recorrer nuestro cuerpo una sensación de frío aterrador.

El ministro del interior, resolvió durante un fugaz encargo de algunas funciones presidenciales, invitar a un jurista para que condujera la cocción de un caldo de grillos el cual de manera imprecisa habría de llamar "Reforma de la Justicia". A diferencia de las grandes reformas que ha tenido el país en el pasado, no precisó nada sobre lo que realmente deseaba que se hiciera, dándole paso a toda suerte de iniciativas que pueden tocar el tema de la justicia como valor abstracto hasta los inimaginables procedimientos para arreglarle los problemas a los amigos de doña Teodora.

Por ello nos resulta hondamente preocupante el silencio que han guardado nuestros empresarios en relación con el problema de la justicia colombiana, como si nada tuvieran que ver ellos con el tema. Cómo extrañamos la ausencia de la batuta de Don Hernán Echavarría. No hay derecho a que un ilustre banquero en abusiva intromisión en los predios del Jefe del Estado, en presencia de un imposible paro del aparato judicial con vehemencia hubiera exigido colocar en su sitio a los protagonistas del desafuero constitucional y en cambio el y sus congéneres, dejen pasar desapercibida la oportunidad para reclamar una transformación de la base del estado de derecho que se edifica sobre la solidez de la justicia, de la equidad y del orden.

Los gremios en el pasado en su condición de voceros de los empresarios, con generosidad y con la mirada puesta en el interés general no vacilaron en pronunciarse acerca de la concepción de un nuevo estado el cual, según su entender habría de surgir a partir del pacto social que el país se proponía construir en 1991, el cual exigía el establecimiento de condiciones que aseguraran el desarrollo y el fortalecimiento de la empresa privada, ingrediente esencial del Estado democrático. Hoy la ambición personal que alimenta la insaciable vanidad de algunos gremialistas, los lleva a imponer silencio mientras se hace la transición de mando en la jefatura del Estado, calculando y midiendo posibilidades cuando no aconsejándoles permanecer agazapados porque asumen que, como ellos tampoco tienen nada que aportar. Sus ideas generales como que apenas alcanzan para un flirteo hacia una candidatura a la vicepresidencia de la república en la cual al parecer tampoco les importa quién es el titular.

Después de la reforma de la Carta de 1991, de los choques de trenes, del desastre de la Ley 100 y de su desarrollo legislativo a través de las acciones de tutela, del imperio del bloque de constitucionalidad, de la conversión de algunos policías administrativos en jueces de instancia judicial, de la sumisión de los jueces promiscuos y municipales a los alcaldes y gamonales, del debilitamiento de los tribunales y de las cláusulas compromisorias, de las pretensiones de algunos tribunales respecto de las atribuciones del Jefe del poder ejecutivo, del abandono de los "buenos pleitos" a cambio de "malas transacciones" en razón a la eterna duración de los procesos judiciales que deben otorgar y reconocer derechos, la explosión universitaria de rábulas en lugar de juristas, son apenas algunos de los temas que deberían reclamar la atención de los empresarios.

La amplitud con la cual se ha creado la Comisión para la reforma de la justicia, los documentos y papeles que le están enviando a la Comisión toda clase de profesores, centros de estudios y hasta alguna organización de ex detectives del DAS a veces serios, otros muy superficiales y muchos que le impregnarían a la reforma enorme gravedad si llegaran a ser tenidos en cuenta sus párrafos y sugerencias, indican que el país no puede mirar con indiferencia lo que allí se está cocinando, lo cual puede ser peor que aquello que hoy tenemos. Desde luego no han hecho falta los documentos de contenido político que propugnan por otra reforma constitucional para darle salida a los problemas de "narcotraficantes, narcoquerrilleros y de paso pedir astronómicas cantidades de dinero para financiar" toda la burocracia de la justicia.

Deben ser tenidas en cuenta las diversas experiencias del pasado, cuando casi siempre en la convicción de acercarse a la pronta y cumplida justicia, mediante la expedición de leyes desvertebradas e inconexas para conseguir la eficiencia en la tramitología, se han introducido reformas que a la postre expresan un pensamiento empírico respecto del deber ser de la administración de justicia en algunas de sus especialidades, con resultados totalmente contrapuestos a los inicialmente perseguidos. La reforma debe quedar inmunizada contra modificaciones parciales mediante leyes que le hacen perder coherencia y unidad al sistema. Quizás la manera más sencilla de visualizar este hecho es lo que acontece con los estatutos que buscan regular la contratación con la administración pública, a los cuales los ponentes en el Congreso mas los aportes conceptuales de los contratista que logran introducirse en el transcurso del debate, hacen que el sistema de contratación sea un rey de burlas que todo lo permite y tolera. La justicia contractual también está en crisis.

De ninguna manera pueden dejarse de "tocar" las dependencias de la administración pública que se encuentran en la administración de justicia y respecto de las cuales la opinión tiene la percepción de que se trata de verdaderas ruedas sueltas, movidas por una casta de intocables. En ese contexto se deben examinar cuidadosamente las funciones del INPEC, del DAS si es que sobrevive a los ataques que se le formulan en la actualidad, de la Dirección Nacional de Estupefacientes, de la ya célebre Superintendencia de Notariado y Registro y por qué no, de la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Es fundamental examinar con sumo cuidado la ley de subrogados penales a fin de asegurar la eficacia de la administración de justicia y eliminar la tendencia a hacer creer que los ablandamientos de las penas obedecen a criterios extraños a la pura justicia, respecto de lo cual existe toda suerte de especulaciones.