POR: CARLOS PATRICIO EASTMAN BARONA

Lamentablemente, nuestra formación universitaria dista mucho de parecerse al Derecho y a las Políticas, como se denomina comúnmente esta importante carrera. Pero, como a todos los colombianos adultos, nos preocupa sobremanera la marcha de la Justicia, la búsqueda de la cual es el fin del Derecho.

Como lo proclaman todos sus tratadistas, el Derecho es esencial para la convivencia social por su fuerza normativa, aun cuando se hable, exageradamente, de su "decadencia". No. No hay tal. Puede fallar la norma, por inconsistente o equivocada o por lo abusiva que resulte en un momento dado, o por incapacidad o mala fe de quienes la aplican. Pero el Derecho en sí mismo, así como la Justicia, es un valor en el campo de la filosofía. Y los valores permanecen, independientemente de que se les niegue. En cuyo caso surge el antivalor.

Bien. Esta breve digresión sin contenido me sirve únicamente para comentar, también grosso modo, la posible reforma a la justicia colombiana, según el anteproyecto que ya tendría listo la comisión de juristas designada para ese efecto.

Según los informes fragmentarios que se conocen, esa reforma contemplaría varias propuestas, así: la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura; la limitación de la fuerza y el alcance de la tutela; la creación, de nuevo, del Ministerio de Justicia, cuyas funciones están refundidas hoy con las del Ministerio del Interior; la ampliación de los períodos de los magistrados de las altas cortes y del Fiscal General y, en fin, otras enmiendas que parecen urgentes en la estructura y el funcionamiento de la Justicia, simbolizada por la diosa de los ojos vendados.

Se aclara, previamente, que las iniciativas no son obra exclusiva de la comisión encargada de la Reforma; éste las ha recopilado, provenientes de distintos escenarios académicos y aun de bufetes de notables especialistas y filósofos del Derecho. Y las ha entremezclado con las suyas.

Parece haber un acuerdo muy generalizado acerca de la necesidad de eliminar el Consejo de la Judicatura: su Sala Administrativa sería reemplazada por un Consejo de Administración Judicial, en el que tendrían asiento, con enorme poder decisorio, los presidentes de las Cortes Suprema y Constitucional. Y su sala disciplinaria, es decir, sus funciones, pasarían a ser ejercidas por los tribunales de distrito y la colegiaturas de abogados.
En cuanto a las decisiones por competencia entre justicia ordinaria civil y penal militar, esa responsabilidad recaería sobre la Corte Suprema de Justicia.

La Comisión estima que "hay que ponerle límites a la tutela contra sentencias"; para lo cual argumentan que para interponerlas sólo podrá hacerlo un abogado. Y que, en este sentido, en el de las tutelas contra sentencias, tendrán que ser las mismas Cortes las que decidan los recursos.

Las restricciones a la tutela, observamos nosotros podrían traer un rechazo muy mayoritarios, si se tiene en cuenta que esa institución es una de las grandes conquistas populares institucionalizada por la Constitución del 91.

Lo que sí parece conveniente, por lo menos a simple vista, es que la postulación a candidatos a Fiscal General de la Nación lo haga la Corte Suprema de Justicia, en número de 6, y no de tres, como actualmente ocurre. De esos 6 elegiría el Presidente de la República. Su período sería de 5 años.

Como quiera que sea o pueda ser, la reforma a la Justicia es una necesidad apremiante. Y el Congreso que se instala el próximo 20 de julio tendrá que acometer su estudio antes que otros temas de la agenda legislativa.

*Fundación Universitaria del Área Andina