Por: Sergio Clavijo

La Comisión de Expertos que había designado el Ministerio del Interior para estudiar las reformas a la rama judicial acaba de entregar su "veredicto": Colombia requiere urgentes y profundas reformas, tanto en su estructura organizativa como a nivel procedimental, para poder aplicar "pronta justicia".

Dicho informe comprende 40 propuestas, las cuales están relacionadas con la duración y forma de nombrar las Altas Cortes, el papel del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), el mecanismo de postulación y escogencia del Fiscal, mayor impulso a la "oralidad", límites a la tutela, etc. También se aboga por periodos de mayor estadía en las Altas Cortes y adecuadas partidas presupuestales. Todo ello seguramente presionará al alza la actual asignación de 0.9% del PIB que tiene la Rama Judicial, la cual ya ha venido en ascenso desde el 2003 (ver gráfico adjunto).

Sobre el polémico CSJ, se propone regresar al esquema original de un órgano de coordinación administrativa y disciplinaria al servicio de la Rama, en vez de la "otra Alta Corte" que allí se ha creado, impugnando inclusive fallos de las verdaderas Cortes. El organismo administrativo estaría integrado por los presidentes de la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, incluyendo otros tres miembros elegidos por dichas Cortes. De otra parte, el Fiscal General sería elegido por el Ejecutivo de una lista de seis candidatos postulados por la Corte Suprema. La Comisión también plantea incrementar el periodo de ejercicio de los Magistrados de las Altas Cortes de 8 a 12 años y regresar al sistema de "cooptación" (excepto para la Corte Constitucional).

Para limitar el poder de entrabamiento al interior de la Rama, se recomienda que las tutelas sobre sentencias judiciales sólo procedan cuando se hayan agotado los mecanismos ordinarios de apelación y que dichas tutelas tengan términos de caducidad. De esta manera, se busca evitar que el juez ordinario se vea sustituido por otros, incluyendo el ardid de buscar instancias superiores antes de agotar las vías ordinarias y de apelación oficiosa.

Muchas de estas recomendaciones van en la direccion de aquellas compiladas por Anif con ocasión de sus 35 años (ver Revista Carta Financiera No. 148 de Oct-Dic. de 2009). Ya tendremos oportunidad de analizar mas detalladamente el cúmulo de propuestas que han salido de este promisorio reporte que ha entregado la Comisión de Expertos sobre reformas a la Rama Judicial.

Entretanto, queremos dejar sembrada una inquietud complementaria a las anteriores. ¿Cómo solicitar "justicia" sin conocimiento detallado de los temas sobre los cuales deben pronunciarse los jueces? Con frecuencia ocurre que jueces con poco entendimiento de complejos temas financieros, actuariales o de ingeniería de obras públicas ordenan reajustar pensiones, incrementar los gastos en salud o hasta paralizar las obras. Se requiere entonces la creación de "jueces especializados" en estos y otros temas, de tal manera que solo éstos puedan ocuparse de tomar decisiones respecto a determinados temas, lo cual les permitirá, a su vez, ir perfeccionando su conocimiento multidisciplinario.

¿Qué sentido tiene continuar enviando a juicio o soluciones de tutela a un juez promiscuo de un pequeño municipio para que se pronuncie sobre temas tan complejos como los financieros o actuariales? Ese tipo de casos deben ir directamente a los juzgados especializados, pues de lo contrario, por ignorancia (o inclusive por corrupción), se requerirán instancias superiores para entrar a "enderezarlos" de forma tardía, causando elevado gasto público y graves pérdidas en eficiencia, ¿por qué no preguntarle directamente a los que conocen de esos asuntos?

Infortunadamente, los sistemas de peritazgo existentes no vienen operando correctamente, pues los jueces no están aprovechando el potencial que ofrece escuchar a los especialistas. La creación de jueces especializados mejoraría los canales de comunicación y entendimiento entre los expertos consultados y los jueces.

En resumen, otra forma de mejorar la aplicación de la justicia, complementaria a las propuestas que ya ha planteado la Comisión de Expertos, es a través de la creación de juzgados especializados. Así, los complejos temas financieros, pensionales, de salud, litigios de infraestructura, entre otros, deberían canalizarse por estas vías, para aprovechar el conocimiento ganado en un oficio que requiere especialización. Ello redundará en menores tiempos procesales y, por lo tanto, mejor aplicación de la "pronta justicia".