Por: Eudoro Echeverri Quintana

Siempre fue un tema esotérico o un asunto tabú el relativo a la cuestión de la justicia, pareciera equivalente cuando antes de la Constitución de 1991 se pretendía una audaz reforma al Congreso de la República, los integrantes de esa importantísima institución política demostraron su desinterés total de autorreformarse renunciando a tantos beneficios para dedicarse solamente a sus funciones.

Nadie discutiría hoy que la Constitución Nacional requiere trascendentales modificaciones relativas a la nominación y elección de altos dignatarios del Estado, sucesos como los que enfrenta actualmente la Corte Suprema de Justicia en la designación de su presidente y de un magistrado de la Sala Laboral, desdibujan el excelso trabajo que ha hecho en el combate frontal contra criminales del alto mundo de la política, algunos de ellos condenados por crímenes de lesa humanidad; resulta también lamentable el episodio de negarse sistemáticamente a elegir al Fiscal General, incluyendo en estos ocho meses una reelaboración de la terna por el Presidente de la República.

Ésta y otras columnas permitirán hacer una presentación crítica del Informe Preliminar de la Comisión de Expertos de Reforma a la Justicia (12-04-2010) por la Comisión de Expertos creada por el Decreto 4932 de 2009, nómina conformada por magistrados y ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, pero se echan de menos respetables o anónimos pero decentes abogados litigantes, tampoco aparecen profesores dedicados por completo a la academia, menos profesionales consagrados a otras áreas distintas de la judicatura, no figuran congresistas serios, no hay representación de la sociedad civil, en fin, exclusiones que podrían deparar el temprano fracaso a las propuestas por falta de consultar un nutrido pluralismo.

El Consejo Superior de la Judicatura en su Sala Administrativa no tenía la vocación de "Tribunal" según el test elaborado para tal efecto por la Corte Europea de Derechos Humanos, sus miembros por tanto no eran magistrados sino gerentes y sus tareas eran meramente administrativas no judiciales.

El quehacer de elaborar las listas para la Corte Suprema y el Consejo de Estado en una cooptación parcial para suplir las vacantes resultó demasiado complicado y un tortuoso periplo para el aspirante que apenas contaba con una impecable hoja de vida sin más ayudas, quizá fue la razón para privarlos de esa función. Los conflictos de competencia entre distintas jurisdicciones los dirimirá la "Sala de Conflictos", integrada por los presidentes de la Corte Suprema, Corte Constitucional y Consejo de Estado, no tiene sentido darles esa gestión a personas que se supone tienen otras gestiones no de mayor importancia pero sí de urgente decisión, perfectamente podría habérsele asignado a la Sala de Consulta del Consejo de Estado a título vinculante.

Y sobre la Sala Disciplinaria, la nación conoce bien las determinaciones recientemente asumidas que derivaron en nulidades contra fallos de única instancia a través de tutelas contra fallos bien concebidos de la Sala Penal de la Corte y que el Tribunal Constitucional logró afortunadamente conjurar. Las investigaciones disciplinarias debían estar a cargo de los Colegios de Abogados sólidamente consistentes con el apoyo oficial como sucede en el resto de países.

La flamante reforma consiste en cambiarle de nombre: Consejo Nacional de Administración Judicial y modificar la integración de sus miembros, en el futuro serán los presidentes de las Altas Cortes, más tres integrantes elegidos por las mismas corporaciones, para un período de cuatro años reelegibles por una vez, su estatura será par a la de los máximos tribunales de justicia, serán aforados constitucionales investigados por la Cámara de Representantes, autoridad que por lo demás ha demostrado secularmente su absoluta inoperancia e incompetencia en esa clase de juicios, aspecto que igualmente reclama una urgente sustancial metamorfosis.