Por: Yesid Reyes Alvarado
ENTRE LAS PROPUESTAS HECHAS por la Comisión de Reforma a la Justicia hay varias que tienen que ver con la Fiscalía. Se recomienda, entre otras cosas, mantener ese cargo dentro de la Rama Judicial y eliminar la autonomía de los fiscales delegados.

La figura del juez se caracteriza por su imparcialidad, razón por la cual no es aconsejable que tome parte en la investigación de los delitos; si lo hiciera y llegara a la conclusión de que una persona debe ser llevada a juicio, tendría ya un prejuicio sobre su responsabilidad. Por el contrario, el Fiscal puede comprometerse con una hipótesis porque no tiene que decidir sobre el fondo del proceso. Como al dirigir sus pesquisas contra alguien, al hacer una imputación o formular una acusación tiene ya una opinión sobre el tema, no es en estricto sentido imparcial y por eso conviene que cualquier medida que restrinja un derecho fundamental no sea adoptada por él, sino por un juez. Pero aceptando la necesidad de que la Fiscalía esté despojada de funciones judiciales, no tiene mucho sentido mantenerla dentro de la Rama Judicial.

Si la labor de la Fiscalía es la de llevar ante los jueces a quienes considere delincuentes, debería tener facultades para escoger a qué tipo de investigaciones les otorga prioridad o en qué casos la poca magnitud del delito amerita prescindir de la persecución penal. Esa no es labor de un juez, cuya misión fundamental es pronunciarse sobre la responsabilidad de quien es acusado por la comisión de un delito. En la práctica la jurisprudencia de la Corte Suprema y recientes modificaciones legislativas se han orientado a otorgarles más discrecionalidad a los fiscales para archivar investigaciones y mayor libertad para solicitar la aplicación del principio de oportunidad, lo que refuerza la idea de que ese tipo de actuaciones deberían estar totalmente en cabeza de la Fiscalía y no de los jueces.

El énfasis que debe ponerse en la persecución de los delitos es más un problema de política criminal que un asunto judicial y, por lo tanto, debería ser del resorte del Ejecutivo. Desde luego que un Consejo de Política Criminal debe hacer recomendaciones sobre qué conductas merecen ser criminalizadas, e incluso sobre a qué clase de delincuencia debería orientarse de manera prioritaria la actuación de la Fiscalía. Pero la decisión final debe ser tomada por el Ejecutivo como parte de su programa de gobierno, de la misma forma como después de escuchar analistas en materia económica o de salud opta por trazar políticas en esos dos ámbitos de la vida nacional.

En la medida en que la Fiscalía debe ser la encargada de poner en ejecución esa faceta de la política criminal (selección de casos que ameritan ser llevados ante un juez y prioridad de actuación frente a determinadas conductas delictivas), es importante que se elimine la autonomía de los fiscales delegados, porque no harían parte de una Rama Judicial en la que son prioritarias la absoluta independencia e imparcialidad del juez, sino que pertenecerían al Ejecutivo y tendrían que cumplir las políticas que en materia de persecución del crimen trazara la Fiscalía como cuerpo homogéneo encargado de la persecución del delito.