El presidente de la figura, que terminó ayer, Alejandro Bonivento, dijo que el documento estará disponible y que será objeto de uso por parte del próximo mandatario colombiano.

Por su parte, la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero, manifestó que el tiempo de entrega se aplazó, debido a que se esperaba la intervención de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Sin embargo, expresó su inconformismo y frustración, pues dijo que aunque los presidentes de las Altas Cortes asistieron a las reuniones, expresaron de manera personal sus opiniones, más no a nombre de las instituciones.

"Al final de cuentas, nunca supimos la opinión del Consejo de Estado no de la Corte Suprema de Justicia", aclaró Borrero.

Para la directiva, aunque el trabajo de la Comisión culminó, la Corporación seguirá trabajando por lograr consolidar puntos importantes de la rama judicial.

"Recibimos y avalamos las propuestas que llegaron a la Comisión, también revisamos las columnas de opinión de los periódicos y realizamos giras por el país con el fin de incorporar los puntos de vista de los ciudadanos", dijo la directora de la Corporación.

La Comisión decidió analizar algunas de las opciones, entre ellas la propuesta del candidato a la Presidencia, Juan Manuel Santos, quien manifestó que la Fiscalía debía pertenecer al Ejecutivo.

Frente a esto, Borrero manifestó que no está de acuerdo, y planteó la necesidad de que la Fiscalía General de la Nación, se mantenga como un ente independiente.

Una de las reformas que serían trascendentales es la de separar el Ministerio del Interior y de Justicia, y restablecer este último. Siendo así, estaría en cabeza del que sería Ministerio de Justicia, las funciones de formulación de políticas y planes de enmienda al ordenamiento jurídico y la política criminal, en coordinación con las instituciones, y actuar como órgano de interlocución entre el Gobierno Nacional y la Rama Judicial. En cuanto a la Fiscalía, se trata de incrementar el período del Fiscal General de cuatro a cinco años y cambiar la forma de elección, para que sea la Corte Suprema quien presente una lista de seis candidatos, y el Presidente de la República tenga la responsabilidad de escoger uno de ellos. También se propone consolidar la jerarquía del Fiscal General eliminando de la Constitución la disposición que reconoce la autonomía de los fiscales delegados al interior del ente.