Cambios en el proceso de elección de Fiscal General de la Nación, eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y crear el Ministerio de Justicia es la propuesta presentada al Gobierno por la comisión de expertos encargada de elaborar el proyecto para reformar la justicia nacional.

La comisión, que ayer presentó el informe al ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, descartó la posibilidad de fusionar en una sola Corte el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, al igual que la idea de volver a una Sala Constitucional en la Corte Suprema de Justicia, tal como existía antes de la Constitución de 1991.

El trabajo, convocado y contratado por el Gobierno Nacional en el 2008, fue realizado por trece juristas liderados por José Alejandro Bonivento Fernández, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura.

Con relación a la Fiscalía, la propuesta plantea que sea la propia Corte Suprema de Justicia la que elabore la lista de aspirantes al cargo, para que el Presidente de la República elija. En la actualidad ocurre lo contrario: la potestad de designación es del Presidente, quien presenta una terna para que la Corte en pleno elija.

Se propone igualmente replantear el número, para que se pase a una lista de por lo menos seis aspirantes, que elaboraría la Corte y de la cual el Primer Mandatario haría la designación. El periodo del Fiscal seguiría siendo de cuatro años. Hacia el futuro, se plantea la posiblidad de que la Fiscalía sea un organismo autónomo.

En cuanto al Consejo Superior de la Judicatura, se propone que se convierta en un órgano llamado Consejo Nacional de la Administración Judicial y pasaría de tener trece magistrados, con todo lo que eso implica con relación a auxiliares y equipos de trabajo, a seis miembros. Sólo tres de ellos serían exclusivos del nuevo organismo.

Esto eliminaría automáticamente la Sala Disciplinaria (que hoy disciplina a abogados, jueces, fiscales y magistrados) y se mantendría la función administrativa (Sala Administrativa) pero con nuevos integrantes: los presidentes de las tres altas cortes (Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia), además de tres expertos en temas judiciales y administrativos.

A todo esto se sumaría la llamada dirección ejecutiva y la escuela judicial, ésta última encargada de formar y capacitar a los empleados de la Rama.

La necesidad de crear de nuevo el Ministerio de Justicia, independiente del Interior (política), es otra de las propuestas, la misma que hace más de un año expuso el Gobierno Nacional.

El documento hace énfasis en las funciones que deberá tener ese Ministerio: entre otras la política legislativa, judicial, criminal y carcelaria. Estas, sumadas a la tarea de ser interlocutor directo con la Rama Judicial, es decir, que se convierta en un puente entre la justicia, el Legislativo y el Ejecutivo.

Asimismo, se plantea la posibilidad de ampliar de ocho a doce años el periodo de los magistrados de las Cortes. Se descartó el sistema vitalicio para ellos.