La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) participó en la discusión previa del proyecto de reforma constitucional a la justicia que el Presidente Juan Manuel Santos y su Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, han presentado a las Altas Cortes y al país.

La CEJ, al ser testigo del proceso, está optimista sobre la suerte de la reforma y considera que es el resultado de un análisis de la situación judicial del país y de una amplia consulta que se inició con motivo de los intentos de reforma; de las propuestas de la Comisión de Expertos convocada por el Gobierno del ex presidente Uribe y del equipo asesor del Gobierno Santos. También, se resalta que la propuesta surge a partir de la armonización de las iniciativas en materia de justicia que como candidatos presidenciales, Juan Manuel Santos y Germán Vargas Lleras, venían trabajando en sus campañas. Se presenta en un ambiente de armonía con las Cortes y es consultada con ellas para que se pronuncien y participen activamente en su perfeccionamiento; siendo a su vez uno de los diez puntos del Acuerdo Nacional propuesto por el Presidente de la República, quien tiene la determinación para sacarla adelante.

"La reforma es un buen inicio, pero por sí sola no resuelve todos los problemas. Los más graves se solucionan con gestión, modernización y simplificación de procedimientos judiciales, recursos suficientes, uso de TIC, disciplina procesal, rendición de cuentas de los operadores y educación de los ciudadanos para utilizar un servicio de manera razonable y responsable. Otros problemas pasan por la expedición de leyes adecuadas para la lucha contra las nuevas formas de criminalidad y de delitos menores, para favorecer el acceso a la justicia, por el diseño y coordinación de una política criminal apropiada" agrega la doctora Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia.

Se destacan en esta reforma el reconocimiento constitucional y la acotación de la tutela contra sentencias; el fortalecimiento de la función de Gobierno y la regulación de la Rama Judicial, a través de la transformación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; los requisitos de experiencia para los miembros permanentes de la misma Corporación; la constitucionalización de la Gerencia de la Rama Judicial; la transformación de la función disciplinaria de jueces y abogados y el control a las Altas Cortes; las nuevas funciones de control previo de ciertas leyes a cargo de la Corte Constitucional, la posibilidad de que el Fiscal no acuse a los aforados ante la Corte Suprema y que la política criminal pueda establecer prioridades para la lucha contra la delincuencia.

Asimismo, merecen estudio riguroso propuestas como el reconocimiento de nuevas facultades a las víctimas en el proceso penal; el sometimiento de los jueces a la jurisprudencia, pese a que Colombia aún no cuenta con líneas jurisprudenciales estables ni unificadas entre las jurisdicciones; y la atribución de funciones jurisdiccionales a los notarios y a los abogados para la descongestión judicial.

La discusión alrededor de la reforma está abierta para que los sectores de la sociedad colombiana nutran la iniciativa del Gobierno, que seguramente contribuirá a que la justicia sea más eficiente, oportuna y de calidad para el bien de todos los ciudadanos. La CEJ seguirá participando y aportando su conocimiento en este proceso de reforma.