A pesar del receso legislativo se calentó nuevamente el debate sobre la permanencia o no del Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, la Comisión Primera de Senado retomará el debate en marzo desde el punto en que quedó en Cámara, es decir solo con la eliminación de la sala administrativa de este Tribunal, en el marco del trámite de la reforma a la justicia.

El viernes anterior se levantó un nuevo manto de duda sobre el Consejo Superior de la Judicatura a raíz de un supuesto carrusel de pensiones al interior de este organismo y la investigación que adelanta la Contraloría General de la República a 21 magistrados y ex magistrados por 70 nombramientos, que le costarían al erario público cerca de 13 mil millones de pesos en reajustes pensionales injustificados.

La directora de la Corporación Excelencia en la Justicia considera que si el ministro Esguerra hubiera estado desde el principio, el proyecto de reforma sería un poco diferente.

A pesar de que los altos Tribunales apoyaron el texto de reforma a la Justicia que radicó el Gobierno en el Legislativo, luego le retiraron su respaldo por las modificaciones que sufrió con el correr de los debates y prefirieron apartarse de la discusión.

De esta forma se presenta un escenario que no deseaba el gobierno de Juan Manuel Santos, que desde septiembre de 2010 buscó consensuar esta reforma con las altas Cortes.

Al apartarse de la discusión en diciembre pasado, el Consejo de Estado y la Corte Suprema alegaron que lo aprobado no solucionaba grandes problemas como el acceso a la justicia y que, de paso, el Poder Judicial perdía autonomía.

Sin embargo, para la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia Gloria María Borrero, no hay razones suficientes para que las Cortes se hayan retirado. Considera que esta iniciativa es susceptible de mejorarse en los debates que restan y que es necesario para ello escuchar la voz de los tribunales.

En la rama judicial hay varios temas importantes a desarrollar para este año. En entrevista con LR la Directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero explicó los seis puntos más relevantes que se deben efectuar:

1. Reforma a la Justicia: De los aspectos para destacar fue la modificación del artículo 116 de Constitución que consiste en otorgar funciones jurisdiccionales a empleados judiciales, abogados, notarios, entre otros particulares.

Aunque los que están en contra de este proceso piensan que este conlleva a la privatización de la administración de la justicia. Otro punto que generó polémica fue la inclusión del artículo en relación con el servicio de las operaciones y procedimientos de la fuerza pública, para fortalecer la seguridad jurídica de las tropas y creación de la institución del fuero militar. Aunque es importante el definir de que no quede impune las violaciones por los derechos humanos.

Una semana después de que la Asamblea anual de la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) planteara un plan de choque para poner al día la justicia, las altas cortes aseguraron que casi la mitad de los 2 millones 650.000 expedientes que están en los juzgados corresponden a demandas de los bancos.

"Nos convertimos en el instrumento de cobro de los bancos", dijo el magistrado de la Corte Suprema, Jaime Arrubla, en un foro sobre los retos de la justicia colombiana promovido por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).

Juan Carlos Esguerra, Ministro de Derecho manifestó que frente a la aspiración que tiene el Gobierno en formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es indispensable realizar reformas al aparato judicial.

"Habiéndose planteado el Gobierno nacional la aspiración que tiene a formar parte de la OCDE, es fundamental presentar aquello que podamos mostrar y que podamos demostrar en cuanto a nuestro compromiso con la causa de la justicia, con la lucha contra la corrupción, con la existencia de un modelo de ordenamiento jurídico que se adecúe a los estándares internacionales, en la lucha contra la corrupción, la lucha contra los delitos que involucran a aquellos de cuello blanco", sostuvo el alto funcionario.

 La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) realizó el foro Retos de la justicia para el ingreso de Colombia a la OCDE, evento en el que participaron el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra; los magistrados Jaime Arrubla, Mauricio González y Ricardo Monroy y algunos especialistas del Banco Mundial, entre otros invitados.

Sobre la propuesta de reforma a la justicia planteada por el Gobierno, el ministro Esguerra señaló que esta no se reduce al proyecto de acto legislativo, pues, aunque es necesario, no es la única respuesta a las necesidades de la justicia. En su opinión, también debe revisarse el sistema de administración de justicia y la conducta ética de los abogados.

 El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla Paucar, defendió la Justicia de las críticas que la semana pasada hiciera el presidente del Consejo Directivo de la ANIF, Luis Carlos Sarmiento Angulo, por el represamiento de los procesos.

Arrubla señaló que la mayor congestión judicial viene de las demandas que el sector financiero instaura contra sus deudores, que ascienden a 800.000, de un millón de procesos ejecutivos.

El Ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra, manifestó que frente a la aspiración que tiene el Gobierno nacional en formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, es indispensable realizar reformas al aparato judicial.

"Habiéndose planteado el Gobierno nacional la aspiración que tiene a formar parte de la OCDE, es fundamental presentar aquello que podamos mostrar y que podamos demostrar en cuanto a nuestro compromiso con la causa de la justicia, con la lucha contra la corrupción, con la existencia de un modelo de ordenamiento jurídico que se adecúe a los estándares internacionales, en la lucha contra la corrupción, la lucha contra los delitos que involucran a aquellos de cuello blanco", sostuvo el alto funcionario.

Se encargará de coordinar las entidades e instituciones públicas y las representará en las demandas que tengan en su contra.

Durante el Foro organizado por la corporación Excelencia a la Justicia, el Ministro Juan Carlos Esguerra, anunció que este martes será el lanzamiento oficial de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

"Es una creación que dispuso la ley 1444 y que se pone en marcha luego de muchos años de venirla esperando, no puede seguir ocurriendo que a las entidades estatales se les demande en procesos de distinta naturaleza y que unas se defiendan y otras no", manifestó el Ministro Esguerra.

Editorial

Después de un acalorado debate y de romper un poco esa mística amigable que había entre el nuevo Gobierno y las altas cortes, se llegó por fin a un acuerdo entre ellos sobre lo que se presentaría al Congreso para dar trámite a la reforma a la justicia. Así se hizo el pasado 4 de octubre en horas de la noche.

Desde entonces, se ha iniciado un nuevo debate, casi igual de ardiente, por tratarse de una reforma a la justicia mucho más liviana, carente de la fortaleza radical que contenía la presentada originalmente por el Gobierno y en la cual se ven claramente toda suerte de concesiones a distintos intereses. Está suavizada, se han limado los puntos más álgidos del desencuentro entre los dos poderes públicos y el Gobierno resultó, como casi siempre, cediendo ante los reclamos: el Consejo Superior de la Judicatura —por lo menos en la forma y bajo ese título— se mantiene con sus salas Administrativa y Disciplinaria; se crea la doble instancia para juzgar a los congresistas, en aras del debido proceso; se aumenta el presupuesto para los miembros de la rama judicial, así como el periodo de los magistrados, de ocho a doce años; se aminora la regulación del tema de la tutela, entre otros.

Por Francisco Santos Calderón

¿Para qué sirve la unidad nacional? ¿Acaso no es para que a los problemas se les dé la solución adecuada? La gobernabilidad en el Congreso que hoy tiene la administración de Juan Manuel Santos debería dejar como resultado una gran agenda legislativa que transforme el país.

Dirán unos que la ley de víctimas o de tierras lo son. En unos años veremos que no y que el problema no está en la calentura que tanto les gusta a los columnistas y a los medios bogotanos. La ley de regalías sin duda es un inmenso avance, pero vamos a ver qué pasa con la ley de reglamentación, donde todo puede irse a pique si no sale bien.

Lo que sí es un gran desperdicio es haber perdido tres legislaturas con todos los partidos a bordo y no haber hecho las tres grandes reformas que Colombia necesita.

La primera es la reforma fiscal. Ya logró el gobierno Santos aprobar una reforma tributaria de coyuntura que le generó muchos recursos pero no acabó con las inequidades del sistema, no cerró troneras de exenciones y no redujo tarifas para volverlas más reales y competitivas. Dice el ministro de Hacienda que el otro año harán la verdadera reforma. ¿Será posible en año de crisis económica? No lo creo, pues hasta ahora este gobierno por cuidar su imagen no ha tomado ninguna decisión impopular, lo que ya es una característica de esta administración.

La ONG argumentó que varias leyes y proyectos constituyen la verdadera reforma y habilitó un espacio para que la sociedad civil aporte a la discusión.

La organización argumentó que la legislación recientemente aprobada que introduce reformas a normas vigentes o establece nuevas sanciones es la "verdadera" reforma judicial, pues "apunta a problemas inmediatos del aparato judicial".

Una de las expectativas con la Reforma a la Justicia era llevar a los ciudadanos una justicia pronta y eficaz, pero algunos analistas señalan que este ideal no se ve en el proyecto aprobado en el primer debate.

ENTRE EL DESENCANTO y un optimismo moderado se mueven quienes evalúan los alcances del proyecto de Reforma a la Justicia que pasó su primer debate.

A pesar de que son siete los debates que le restan a la reforma constitucional que busca cambiar la manera de administrar justicia en el país, las críticas tras el primer debate en la Comisión Primera del Senado desataron una tormenta nacional.

Un proyecto independiente que contemple el fuero militar en instancias de juzgamiento será presentado por el Gobierno Nacional, luego de la polémica generada por el artículo que fue incluido a última hora en la votación de la Reforma a la Justicia en la Comisión I del Senado.

El anuncio lo hizo el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien explicó que "el artículo del fuero inicialmente no hacía parte de la Reforma, ese fue un asunto que se incluyó en las deliberaciones del miércoles y de la forma como quedó aprobado no resulta satisfactorio".

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, señaló que es importante que el Gobierno y los grupos políticos le estén dando tanta importancia al tema de la seguridad jurídica de militares y policías.

"El Presidente (Juan Manuel Santos) es el más preocupado, el más comprometido y seguramente nos irá dando línea respecto a los pasos a seguir, pues es quien señala el norte en los asuntos de Gobierno", afirmó Pinzón.

En entrevista para RCN La Radio de la Mañana, Gloria Borrero, directora de la CEJ, opina sobre la ponencia de reforma a la justicia aprobada en primer debate por la Comisión Primera del Senado

Escuche la entrevista aquí

Columna de opinión

Las y los servidores judiciales reclamamos autonomía e independencia. Las y los usuarios exigen transparencia. Dos legítimos reclamos de una justicia llamada a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y a lograr la convivencia pacífica entre los colombianos, tal como lo consignaron los legislador del 96 en la Ley Estatutaria.

Según la información estadística del Consejo Superior de la Judicatura, en el año 2010 se registraron 2.562.371 procesos judiciales evacuados, lo que significa que se produjeron igual número de providencias judiciales.

Cuántas de estas decisiones están contaminadas por prácticas corruptas. Nadie lo sabe. Si bien en una sentencia judicial alguien termina inconforme con la decisión, no es porque exista la convicción de algo turbio. Sin embargo; los indicadores de confianza no favorecen. La señora Gloria María Borrero, representante de la Corporación Excelencia en la Justicia, afirma que "los ciudadanos no acuden a la justicia porque no creen en ella" (ver en: http://www.cej.org.co). Surge entonces la pregunta, ¿por qué no creen?

Así lo expresó Gloria María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, durante su intervención en el tercer debate sobre la Reforma a la Justicia que se llevó a cabo en la Comisión Primera del Senado.

Para la directora Borrero, el verdadero cambio se dará cuando haya un avance en los procedimientos judiciales y en una mayor gestión, tecnología y disciplina procesal.

Por tal razón, hizo un llamado a los legisladores pidiéndoles que definan una instancia adecuada, recursos y capacidad técnica para emprender este proceso de reforma.

Es verdad que las opiniones de las altas Cortes se están manifestando por cauces que no eran los habituales -más que todo por los micrófonos- pero de eso no hay que derivar la existencia de choque de poderes. Con el nuevo Ministro de Justicia hay todas las posibilidades de entendimiento y diálogo. El país debe participar en el debate para determinar si la Justicia está cumpliendo.

Si por parte del nuevo Ministro de Justicia se muestra siempre disposición al diálogo con las altas Cortes, no vemos razón para que la discusión sobre las prioridades de ese servicio público esencial y de la rama que lo ejerce y administra, para los ajustes necesarios que requiere, no pueda encauzarse por los canales institucionales. Canales que, precisamente, se intentan revivir con la aparición en escena del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Ojalá este sesudo aporte de quien sí sabe de qué está hablando, no termine engavetado o convertido en otro pleito de carácter meramente semántico.

Ya hemos dicho en forma insistente en estas columnas que la Rama Judicial necesita una reforma estructural, que corrija lo que la hace lenta e ineficiente, haciendo casi nugatorio el derecho ciudadano a una pronta y cumplida justicia, y que aclare las funciones y competencias de sus distintos órganos para que puedan actuar en armonía y en estrecha colaboración con las otras ramas del poder público. En este último objetivo general parecieran concentrarse los proyectos del Gobierno y del Consejo de Estado, hoy a consideración del Congreso.

La directora de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) -que cumple 15 años de fundada-, la abogada Gloria María Borrero, considera que los proyectos de reforma de la justicia que cursan en el Congreso no van a resolver los problemas de la rama, pero son un principio para discutir el tema.

En diálogo con EL TIEMPO, Borrero dijo que existe un desmonte programado del sistema penal acusatorio.