Esta, que se daría a conocer esta semana, tocaría al menos 12 artículos de la Constitución de 1991.

El documento, que ha venido conociéndose a cuentagotas, reafirma la convicción de la Rama Judicial de que necesita un interlocutor exclusivo en el poder Ejecutivo y por eso pide que se reviva el Ministerio de Justicia.

Según el presidente de la comisión, ex magistrado José Bonivento, en los próximos días se presentará un informe preliminar para que sea discutido por el Gobierno, la academia y los jueces. Habrá un informe final en mayo, que recogerá las posiciones de todas las partes y ese sería el que se presente al Congreso.

Varias de las ideas prometen generar polémica. Entre ellas está acabar con el Consejo Superior de la Judicatura tal como existe hoy. La Sala Administrativa sería reemplazada por el Consejo Nacional de la Administración de Justicia, en el que tendrían asiento los presidentes de las Cortes.

A su vez, la Sala Disciplinaria, duramente criticada por sus fallos de tutela, desaparecería. La función quedaría en cabeza de los colegios de abogados y en los tribunales.

Así mismo, la Procuraduría saldría de los procesos penales, una función que hoy por hoy es una de las más importantes de esa institución.

La Comisión plantea también que los períodos de los magistrados pasen de 8 a 12 años y aumentar el requisito de experiencia profesional a 15 años.