Columna de opinión

Las y los servidores judiciales reclamamos autonomía e independencia. Las y los usuarios exigen transparencia. Dos legítimos reclamos de una justicia llamada a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales y a lograr la convivencia pacífica entre los colombianos, tal como lo consignaron los legislador del 96 en la Ley Estatutaria.

Según la información estadística del Consejo Superior de la Judicatura, en el año 2010 se registraron 2.562.371 procesos judiciales evacuados, lo que significa que se produjeron igual número de providencias judiciales.

Cuántas de estas decisiones están contaminadas por prácticas corruptas. Nadie lo sabe. Si bien en una sentencia judicial alguien termina inconforme con la decisión, no es porque exista la convicción de algo turbio. Sin embargo; los indicadores de confianza no favorecen. La señora Gloria María Borrero, representante de la Corporación Excelencia en la Justicia, afirma que "los ciudadanos no acuden a la justicia porque no creen en ella" (ver en: http://www.cej.org.co). Surge entonces la pregunta, ¿por qué no creen?

Infortunadamente las y los servidores judiciales somos responsables de la mala percepción que tienen las y los usuarios de la justicia. Consecuencia de acciones u omisiones ilícitas e innumerables comportamientos inveterados que generan desconfianza.

Aceptar un tinto de quien litiga en el Juzgado, recibirle coimas, pedirle prestado dinero o asistirle a francachelas y comilonas, recibir dos o tres veces el valor de las copias, o regalo el día del abogado, del amor y la amistad, el cumpleaños o en diciembre, son comportamiento que generan compromisos con el litigante "generoso" que ejerce la tercera regla de un "buen" litigante: Bolsillo ancho.

Compromiso que se traduce en agilizarle el proceso y favorecerlo en sus decisiones. Peor aún vender justicia.

Existen muchos rumores de prácticas corruptas, por ejemplo que en algunas secretarías u oficinas de repartos cobran por asignar la demanda a determinado juzgado o que se cobra millonarias sumas de dinero por obtener un subrogado penal (domiciliaria) o que en algunos despachos se trafica con los remates.

Es inaudito que servidoras y servidores judiciales alternen la administración de justicia con actividades comerciales. El juez o la jueza no puede ser comerciante por sí o por interpuesta persona.

Estas actuaciones dañan la imagen de la justicia y muy seguramente la contaminan. Quienes sufren las consecuencias de actuaciones irregulares lastimosamente prefieren el silencio que soportar el desprecio en los despachos judiciales y la pérdida del cliente. La difusión de estas actuaciones delincuenciales o disciplinables, fundadas o infundadas, son frecuentes, arraigándose en la conciencia colectiva el desprecio generalizado e injusto por quienes tenemos el compromiso de la efectividad de los derechos y la garantía de la convivencia pacífica.

Por ese motivo se propone que el Consejo Superior de la Judicatura promueva conversatorios por todas las regiones que discutan esta problemática y se determine los requisitos, calidades y condiciones que debe reunir el servidor o servidora judicial y sean incluidas en la Reforma Judicial que se tramita.