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Respuesta de la Corte Constitucional a petición de la Corporación Excelencia en la Justicia

20 de septiembre de 2016. En esta respuesta la Corte Constitucional aclara cómo va a realizar la nueva competencia que le otorgó el Acto Legislativo de Equilibrio de Poderes (para resolver conflictos de competencias) y explica la reforma a su reglamento interno.

   

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¿Justicia transicional para financiadores de “paras”?

Después de ocho años de aplicación de la Ley de Justicia y Paz, el Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre reconoció que “todavía no se ha iniciado un proceso serio de investigación” a los empresarios, ganaderos y comerciantes que financiaron al paramilitarismo, y que una manera de cerrar este capítulo sería incluirlos en la justicia transicional, para que reciban menores penas a cambio de verdad y reparación. El debate quedó planteado en el foro Proceso de Paz: ¿Qué Van a Aprobar los Colombianos?, realizado la semana anterior en la Universidad del Rosario de Bogotá.

Efectivamente en los tribunales de Justicia y Paz reposan miles de testimonios de paramilitares desmovilizados que señalan con nombre propio a quienes pagaron para mantener aceitada la máquina de muerte de la Auc, bien fuera bajo presión, por afinidad ideológica o protección de sus intereses; o quienes se beneficiaron económicamente de la actuación de estos grupos.

Son sonados los casos de las multinacionales como la Drummond, del sector carboníferom y la Chiquita Brands International, en el bananero, señaladas de aportar grandes recursos económicos a la causa paramilitar, razón por la cual afrontaron procesos judiciales en Estados Unidos y en Colombia.

La empresa carbonífera, que desarrolla operaciones en el centro del departamento del Cesar, han sido señalada por exparamilitares de financiar el Frente Juan Andrés Álvarez, una facción del Bloque Norte de las Auc que operó en las zonas de explotación del mineral, atentando particularmente contra el gremio sindical. Su caso fue llevado a la justicia norteamericana donde hubo un fallo a su favor en julio de 2013 por una corte del distrito de Alabama.

En el caso de la comercializadora del banano, reconoció ante autoridades estadounidenses aportes a las Auc por 1.7 millones de dólares entre los años 1997 y 2004, según sus directivos, para proteger a sus trabajadores, particularmente en el Urabá antioqueño, a través de una asociación de vigilancia y seguridad privada conocida como Convivir Papagayo.

Si bien la Chiquita Brands International admitió los pagos, un fiscal en Medellín que adelantaba un proceso penal concluyó que los aportes efectuados a las Auc no fueron voluntarios, si no resultado de una coacción de esta organización paramilitar.

Señalamientos de este tipo por parte de exparamilitares también han implicado a reconocidas empresas nacionales de diversos sectores productivos, como ingenios azucareros, empresas lecheras, petroleras e incluso grandes emporios del país, sin que hasta el momento se conozcan resultados judiciales.

Consulte la noticia completa en
http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/especiales/sucesos/238717-justicia- transicional-para-financiadores-de-paras

Las frases más destacadas del fiscal Montealegre en 6AM Hoy por Hoy

Diálogos de paz y Ley de Justicia y paz

"Hacia el futuro y en un eventual proceso de paz con las Farc y el ELN no podemos repetir las experiencias de justicia y paz".
"La propuesta de justicia transicional consagra un sistema de selectividad. Una ley estatutaria señalará cuáles son los delitos. De antemano lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra en el conflicto, desaparición forzada, secuestro".

"Con referencia a las bases de las Farc y las del ELN que no sean máximas responsables de delitos de lesa humanidad, se puede renunciar al ejercicio de la acción penal".

"La Fiscalía General impulsó 16 grandes megaprocesos para investigar y acusar a los máximos responsables de las autodefensas, por las violaciones a derechos humanos más graves".

"Cumplido los 8 años si la Fiscalía encuentra que estas personas han contribuido al restablecimiento de la verdad y no han cometido nuevos delitos, la tesis de la Fiscalía es que puedan recuperar su libertad, porque hay que honrar el compromiso, porque el Estado no le puede poner conejo al paramilitarismo".

"Iván Márquez y Timochenko están en la categoría de máximos responsables y en consecuencia la Fiscalía tiene que investigarlos, acusarlos, llevarlos a juicio, imputar delitos de lesa humanidad, solicitar las penas que son más graves, superiores a 40 años. Sólo que en el marco de la justicia transicional el Estado podría suspender la ejecución de esas penas y condenarlos a una sustitutiva".

'Chuzadas'

"En el caso Andromeda, relacionado con el caso hacker, la fiscalía expedirá cuatro capturas contra miembros de la fuerzas pública, con base en la declaración del hacker Sepúlveda y estas capturas se van a expedir por el tema de las chuzadas de correos, interceptación ilegal, seguimientos ilegales".

“El hacker compraba y vendía información, compraba información reservada para luego transformarla y usarla en las asesorías de sus propias actividades”.

“Es política de la fiscalía que antes de tomar cualquier decisión debemos verificar previamente las afirmaciones que está haciendo. No queremos basarnos exclusivamente en los testimonios del hacker Sepúlveda y acudiremos a dictámenes periciales, documentos, pruebas”.

“Cuando verifiquemos a través de otros medios distintos a lo que dice el hacker Sepúlveda sobre supuesta vinculaciones del excandidato Zuluaga y de su hijo tomaremos las determinaciones del caso”.

Caso Sergio Urrego

“Ya fueron llamadas a interrogatorio la rectora, la sicóloga y un profesor del colegio Gimnasio Campestre, desafortunadamente el interrogatorio no pudo avanzar”.

“Vamos a seguir la investigación por el suicidio de Sergio Urrego, básicamente sería el delito de discriminación, que según una norma reciente del Código Penal, que castiga la discriminación con pena de 12 a 36 meses”.

“Nosotros consideramos que hay indicios de que este joven fue discriminado y este caso comienza con una injerencia indebida a unas fotos que este joven tenía en su celular”.

“Cuando un rector o una junta directiva tiene conocimiento de actos de discriminación aun estudiante y no toma medidas esas conductas también pueden ser delictuosa y nosotros estamos investigando más casos, no de suicidio, sino donde se presentan daños psicológicas y secuelas a los niños por discriminación”.

Consulte la noticia completa en
http://www.caracol.com.co/noticias/judiciales/las-frases-mas-destacadas-del-fiscal-montealegre-en-6am-hoy-por-hoy/20141001/nota/2441048.aspx

Procuraduría pide a la Corte declararse inhibida en demanda a ley de Justicia y Paz

En su concepto el Ministerio Público solicitó que se declare la exequibilidad condicionada de la modificación de dicha ley.

La Procuraduría General de la Nación le solicitó a la Corte Constitucional que no se pronuncie frente a la demanda interpuesta en contra de la medicación de la Ley 975 de 2005 más conocida como de Justicia y Paz.

En su concepto, el Ministerio Público indicó que pese a que el demandante señaló cuál es la norma parcialmente demandada, cuáles son las normas constitucionales que considera infringidas y la competencia de la Corte para pronunciarse sobre el tema, las razones que aduce como fundamento de la misma no son ciertas ni suficientes.

www.elespectador.com/noticias/judicial/procuraduria-pide-corte-declararse-inhibida-demanda-ley-articulo-441551

“No le podemos hacer conejo a los paramilitares”: fiscal

Eduardo Montealegre, fiscal General de la Nación, reiteró que el Estado no puede hacerle ‘conejo’ a los paramilitares que se acogieron al proceso de Justicia y Paz, esto frente a la inminente salida de más de mil postulados al programa de desmovilización.

Los postulados estarían a punto de cumplir sus penas alternativas de ocho años por verdad, justicia y reparación para las víctimas del fenómeno paramilitar en Colombia, “el Estado no puede incumplir lo pactado”, dijo el fiscal.

Según el jefe del ente acusador, así no se hayan proferido aún las sentencias “esto no puede ser excusa para no concederles la libertad a quienes se acogieron al proceso”. Sin embargo, enfatizó que se va a revisar exhaustivamente caso por caso para tener certeza que los postulados cumplieron con los requisitos del proceso.

"Donde se encuentre que no hayan cumplido con las autoridades, que no hayan confesado todos sus delitos y que sigan delinquiendo, pues no tendrán derecho a la libertad", recalcó el fiscal a Blu Radio.

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/no-le-podemos-hacer-conejo-los-paramilitares-fiscal-articulo-506461

Magistrados de Justicia y Paz deben ser elegidos por concurso de méritos

La Sala Plena de la Corte Constitucional explicó que el Consejo Superior de la Judicatura elaborará una lista de candidatos para elegir a los magistrados.

La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que los magistrados de Justicia y Paz deberán ser elegidos a través de un concurso de méritos.

De acuerdo con la corporación, "la inconstitucionalidad de la expresión que permitía que el sistema de elección de los magistrados de Justicia y Paz, cuya designación corresponde a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, se realizará a partir de listas de candidatos elaboradas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo al procedimiento de elección previsto para los magistrados de las altas Cortes".

De otra parte señaló que respecto al resto de la expresión demandada del parágrafo del artículo 28 de la Ley 1592 de 2012, esta fue declarada ajustada a la Constitución.

Esto, "siempre y cuando las vacantes se provean de las listas de elegibles vigentes producto de un concurso público de méritos".

www.caracol.com.co/noticias/judiciales/magistrados-de-justicia-y-paz-deben-ser-elegidos-por-concurso-de-meritos/20130815/nota/1951912.aspx

Corte Suprema aclara acumulación de procesos de Justicia y Paz a partir de Ley 1592

La acumulación de los procesos ordinarios con los que surjan de las versiones libres del desmovilizado, por solicitud de la Fiscalía a la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, procede cuando se inicia la audiencia concertada de legalización, indicó la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con la Sala Penal, la condición, en estos casos, es que todos los delitos se hayan cometido durante y con ocasión de la pertenencia del exmilitante al grupo armado ilegal.

El alto tribunal sostuvo que la respectiva Sala de Conocimiento debe acoger la solicitud, si durante dicha diligencia el postulado acepta su responsabilidad en los hechos que se le atribuyen en los procesos adelantados por la jurisdicción ordinaria.

“Bajo la Ley 1592 de 2012, es el artículo 22 el que regula tal situación, conforme con la cual, la actuación procesal suspendida en la jurisdicción ordinaria se acumulará definitivamente al proceso que se rige por la Ley 975 de 2005, si el postulado acepta los cargos en la audiencia concentrada de legalización respectiva”, precisó.

Posteriormente, el despacho debe continuar con el control material y formal de la aceptación, y adelantar el incidente de identificación de las afectaciones ocasionadas a las víctimas.

Consulte la noticia completa en 

http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-140819-08corte_suprema_aclara_acumulacion_de_procesos_de_justicia_y_paz_/noti-140819-08corte_suprema_aclara_acumulacion_de_procesos_de_justicia_y_paz_.asp?Miga=1

Piden a la Corte Constitucional no examinar demanda a reforma de Justicia y Paz

La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que se abstenga de emitir un pronunciamiento de fondo en torno a algunos de los apartes de la reforma a la Ley de Justicia y Paz, relacionados con la eventual revocatoria de los beneficios para el postulante (art. 26 de la Ley 1592 del 2012, modificatorio del artículo 25 de la Ley 975 del 2005).

La norma permite que, incluso después de que se decrete la pena alternativa, se abra la posibilidad de que el desmovilizado pueda ser excluido del acceso a todos los beneficios de la ley de justicia transicional, si se comprueba que no puso a disposición de las autoridades todos los bienes que adquirió con ocasión de su pertenencia al grupo armado ilegal.

Entre las causales, se cuenta el que el exmilitante del grupo ilegal no ofrezca toda la información de la que dispone, a fin de que la administración pueda adelantar las actuaciones necesarias para hacerse a los bienes que pertenecieron a la organización, con miras a la reparación de las víctimas.

Consulte la noticia completa en
http://bit.ly/12BNTLZ
 

'La reforma es importante pero no es lo único': nuevo Minjusticia

Reyes, abogado penalista, fue confirmado este lunes ante el país por el presidente Juan Manuel Santos como ministro de Justicia para su segundo mandato, en lugar de Alfonso Gómez Méndez. (Lea también: Ministros de Santos: más técnicos que políticos para segundo mandato).

Abogado penalista y docente, ha sido conjuez de la Corte Suprema de Justicia, y es el hijo del magistrado Alfonso Reyes Echandía, el presidente de la Corte Suprema sacrificada durante la toma del Palacio de Justicia en 1985.

Ahora, frente a la cartera tendrá el reto de sacar adelante una reforma a la Justicia que ha sido anticipada por el propio Santos antes y después de la campaña. (Lea también: 'Debemos enfocarnos en las próximas pruebas Pisa': Parody).

En diálogo con ‘La W Radio’, Yesid Reyes afirmó que si bien dicha reforma es importante no es lo único que debe reformarse y dejó ver que trabajará por mecanismos que “acerquen la justicia a los ciudadanos”. (El nuevo gabinete para los tres pilares de Santos).

“Uno de los grandes retos es que todos los ámbitos de la justicia funcionen como funciona la tutela, eso es tanto o más importante que una reforma general”, afirmó. (Lea aquí los retos nuevos en salud, medio ambiente y educación).

Según Reyes, el sistema de justicia actual, si bien es el correcto, tiene un problema de eficacia y “por eso hay que trabajar no solo desde el Ministerio sino desde la Fiscalía, la Procuraduría, las altas cortes y otros ministerios”.
“Me parece importante acercar la administración de justicia a la gente”, concluyó.

Sobre la reforma, ya el Ministerio había iniciado un trabajo con una comisión de élite de asesores, pero hasta ahora no ha definido el texto del proyecto. Además, deberá hacerla a tiempo para lograr que esté integrada a la gran reforma de poderes que tiene pensado el Gobierno. (La U y liberales, los más beneficiados con nuevo gabinete).

En ella el Gobierno deberá trabajar en estrategias y políticas para eliminar la impunidad y la ineficiencia en administración de justicia. Así como lograr que esta sea ágil, cercana y efectiva para el ciudadano de a pie, que reclama una justicia pronta.

http://www.eltiempo.com/politica/gobierno/entrevista-a-yesid-reyes-ministro-de-justicia-en-la-w/14371555

Acogen nueva postura para conflicto de competencias en Justicia y Paz

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia adoptó una nueva postura sobre las reglas aplicables en caso de conflicto de competencias durante el procesamiento de un postulado a Justicia y Paz (L. 975/05).

Para garantizar el debido proceso y el respeto por las formas propias de cada asunto, cuando se suscite un debate sobre la competencia de un caso iniciado según las disposiciones de la Ley 600 del 2000, se deberá dirimir de acuerdo con el trámite de colisión de competencias de esa normativa procesal y no del actual Código de Procedimiento Penal (L. 906/04).

La posición adoptada por el alto tribunal obedece a una nueva lectura del artículo 2º del Decreto 4760 del 2005, reglamentario de la Ley 975, que dispone la aplicación de las normas procedimentales de la Ley 906 en lo que no esté previsto en la Ley de Justicia y Paz.

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Corte cita a nueva audiencia pública por Marco Legal para la Paz

El próximo 20 de mayo se tratará la nueva demanda instaurada en contra.

La Corte Constitucional citó para el próximo 20 de mayo a una audiencia pública para tratar la nueva demanda en contra del Marco Jurídico para la Paz, que versa sobre quiénes pueden participar en política.

Como en la ocasión anterior, la Corte citó al presidente de la República, Juan Manuel Santos; al Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez; al fiscal General, Eduardo Montealegre; y al alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, entre otros.

El magistrado ponente en este caso, Alberto Rojas Ríos, consideró que es necesario citar a esta audiencia pública debido a la importancia social del asunto que fue nuevamente demandado por el exviceministro de Defensa, Rafael Guarín.

Consulte la noticia completa en
www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/corte-cita-nueva-audiencia-publica-por-marco-legal-para-paz

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