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Respuesta de la Corte Constitucional a petición de la Corporación Excelencia en la Justicia

20 de septiembre de 2016. En esta respuesta la Corte Constitucional aclara cómo va a realizar la nueva competencia que le otorgó el Acto Legislativo de Equilibrio de Poderes (para resolver conflictos de competencias) y explica la reforma a su reglamento interno.

   

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Fuero militar repite lo inexequible: ONU

“Los proyectos de acto legislativo 010 y 022 de 2014 contienen disposiciones idénticas a las ya declaradas inexequibles (artículos 3 y 4 del acto legislativo 02 de 2012), que contrarían de igual forma el ordenamiento jurídico nacional e internacional”.

Así lo consideró la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en sus observaciones a los proyectos de acto legislativo números 010 y 022 de 2014 Senado, por los cuales se reforman “el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia” y “el artículo 221 y se adicionan los artículos 221a y 221b y se modifica el artículo 277 de la Constitución Política de Colombia”. Para la Oficina, estos proyectos de reforma constitucional presentan dificultades como que “vulneran los principios constitucionales de independencia del poder judicial, juez natural e igualdad ante la ley”, considerando que la Justicia Penal Militar (JPM) “es una dependencia administrativa adscrita al poder Ejecutivo que asumiría funciones del poder judicial en materias no previstas en la Constitución”.

Además, según la Oficina, los proyectos amplían “indebidamente el alcance de la JPM: su competencia se vuelve general, propicia la inestabilidad del sistema democrático al incluir en la Constitución conductas que no han sido tipificadas como delitos en el ordenamiento interno y su aplicación se extendería a conductas cometidas antes de su vigencia”. Para la Oficina, los proyectos “distorsionan el DIH porque en vez de promover su aplicación como marco de protección mediante prohibiciones para la guerra, tal y como prevén los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, es usado como causal de justificación de varias conductas en materia penal, y en relación con uno solo de los actores del conflicto”. En el documento de observaciones, la Oficina recordó que “desde la década de los 80 los sistemas internacionales –tanto regionales como universales- se han referido al tema de los tribunales militares, sus facultades, límites y naturaleza excepcional, tanto a través de pronunciamientos de los órganos convencionales de supervisión y de los procedimientos especiales, como mediante el impulso y adopción de instrumentos específicos (tratados, resoluciones, declaraciones yrecomendaciones). Esto ha permitido configurar un amplio corpus juris a favor de la realización del derecho a la justicia y de la lucha contra la impunidad tratándose de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario”.

En Plenaria se inició discusión de acto legislativo sobre Fuero militar

El Proyecto de Acto Legislativo número 22 de 2014 Senado, que ya había hecho tránsito en el Congreso, y que fue presentado nuevamente, tras errores de trámite, inició su discusión en la plenaria del Senado, con el estudio de varios impedimentos presentados por varios senadores.

Esta iniciativa de reforma constitucional que consta de dos artículos, propone en primer lugar el establecimiento de parámetros claros para fijar la competencia de la jurisdicción penal ordinaria y de la jurisdicción penal militar y en segundo lugar resaltar la aplicación del derecho internacional humanitario, con carácter de obligatoriedad para el juzgamiento de los miembros de la Fuerza Pública.

La reforma propuesta está basada literalmente en los incisos correspondientes del Acto Legislativo número 02 de 2013. Sin embargo, apoyada en la premisa de que el concepto de crímenes de lesa humanidad, tal como se concibe en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no alcanza a describir todas las posibles conductas de gravedad inusitadas en contrariedad a la misión institucional de la Fuerza Pública y que pueden ser cometidas por un miembro de la Fuerza Pública, se hace necesario el juzgamiento por parte la jurisdicción ordinaria.

Además se sumaron tres delitos más a los establecidos en 2013 por el acto legislativo número 02, como son las conductas de gravedad: Crímenes de lesa humanidad, Genocidio, Desaparición forzada, Tortura, Ejecución extrajudicial, Desplazamiento forzado y Violencia sexual.

Por su parte, el Senador Jimmy Chamorro (Partido de la U) aseguró que "con este proyecto se daría un paso muy favorable en aras a lo que compete todo el proceso que abriría la toma de decisión por parte del juez y por eso en conjunto con varios congresistas apoyamos esta iniciativa del Gobierno, sustentada por usted, senador Manuel Enriquez".

A su turno el senador Armando Benedetti (Partido de la U) citó la sentencia 533 de 2008 y la 878 de 2000 que habla de que "nunca la justicia penal Militar no puede tener jurisdicción sobre las infracciones del Derecho Internacional Humanitario y aquí las están poniendo".

En representación del Gobierno Nacional hizo presencia el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, el cual expresó ante la plenaria del Senado de la República que "Con este proyecto de Acto Legislativo se busca darle seguridad jurídica para los miembros de las fuerzas Militares y de Policía. A través de decisiones que se han ido tomando en el transcurso de los años de carácter constitucional de distinto orden, esto fue lo que quedó establecido en la Constitución del 91 a través del artículo 221, el cual ya se ha ido debilitando, hasta el punto que no solo crea violaciones a los Derechos Humanos, termina la Justicia Ordinaria lo cual no es la voluntad de este Gobierno y de todos aquellos que han apoyado este tipo de iniciativas, sino también situaciones que se han presentado en marco de las Operaciones Militares y policiales. Situaciones que preocupan puesto que con la evolución que han tenido las Fuerzas Militares y de policía yason plenamente reconocidas por el mundo".

Fuero militar revive la polémica por el respeto a los derechos humanos

En desacuerdo con el nuevo proyecto de reforma constitucional presentado por el Gobierno, aprobado en el primero de los ocho debates por la Comisión Primera del Senado y que pretende revivir el fallido fuero militar, se muestran algunos sectores tanto de la derecha como de la izquierda en el país, aunque por razones diametralmente opuestas.

Mientras tanto, para el Ejecutivo, secundado por la Unidad Nacional, esta "revancha" del fuero militar -luego de que la iniciativa anterior naufragara por vicios de trámite a finales de octubre de 2013 en la Corte Constitucional- armoniza el derecho interno con el Derecho Internacional Humanitario, DIH, y subsana los temas que eran objeto de críticas en la comunidad internacional, como por ejemplo la ambigüedad en la competencia para el juzgamiento de los 'falsos positivos'.

El nuevo fuero. El proyecto de acto legislativo propone reformar el artículo 221 de la Constitución, que dice: “de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las Cortes Marciales o Tribunales Militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales Cortes o Tribunales estarán integrados por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro”.

La iniciativa le agrega que “en ningún caso la Justicia Penal Militar o policial conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado”. Así mismo, se dispone que las infracciones al DIH cometidas por uniformados, “salvo los delitos anteriores”, serán conocidas exclusivamente por la justicia militar y que cuando los miembros de la Fuerza Pública sean juzgados por autoridades judiciales, “se aplicará siempre el DIH”. Aclara además que los procesos contra uniformados que estén en la justicia ordinaria y que no tengan relación con el servicio o que no sean por los punibles señalados, continuarán en esta. Y les da un año a la Fiscalía y a la Justicia Penal Militar para analizar qué casos quedan en una y en otra justicia.

En la exposición de motivos, el Ministerio de Defensa explica que algunos de estos delitos que se precisa serían juzgados por la justicia ordinaria, como en el caso de las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados ‘falsos positivos’, no están tipificados en el ordenamiento jurídico interno, por lo que señala que, de acuerdo a las recomendaciones de la comisión asesora del anteproyecto, “el legislador tendrá que crear nuevos tipos penales, como es el caso de la ejecución extrajudicial y los crímenes de lesa humanidad”.

Y precisa que “en particular, la ejecución extrajudicial en algunos casos puede coincidir con otros delitos, pero en otros no. Por esa razón, es necesario tipificar la ejecución extrajudicial como un delito específico. Lo mismo debe hacerse con los crímenes de lesa humanidad”.

Sobre la obligación de aplicar el DIH para el juzgamiento de los uniformados, se recuerda que la Corte Constitucional ha ordenado aplicar el DIH en un conflicto armado interno, pero “los operadores de justicia han hecho caso omiso de este mandato”. Por eso, concluye, es necesario hacer explícita esta obligación en el texto mismo de la Constitución.

Según el DIH, se lee, “desde que exista un conflicto armado, la Fuerza Pública no tiene prohibido iniciar combates por su propia iniciativa ni bombardear posiciones enemigas desde el aire, respetando los principios de precaución y proporcionalidad, y siempre que cumpla con todas las restricciones sobre medios y métodos de guerra ordenadas por el DIH”.

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Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia admitirá tutelas contra sentencias de Sala Penal

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia anunció que recogerá la línea jurisprudencial que descartaba su competencia para admitir acciones de tutela contra las sentencias de casación de la Sala Penal de ese alto tribunal.

A su juicio, es necesario revisar esa postura y admitir la posibilidad de que, a través de acciones de amparo constitucional, se examinen las decisiones tomadas por el órgano de cierre de la justicia penal ordinaria. Además, indicó que es viable asumir el conocimiento de impugnaciones de tutelas relacionadas con las actuaciones de la Sala Laboral de la Corte.

Lo anterior, en aplicación del artículo 44 del Acuerdo 006 del 2006, que modificó el reglamento general de la Corte, para establecer que las tutelas contra determinada Sala de la corporación deben ser conocidas por la que le siga, en orden alfabético. Adicionalmente, dice el auto, esta tesis se acoge a lo dispuesto por elDecreto 1382 del 2000 frente al reparto de tutelas.

Según indicó, los criterios de competencia que fija dicha norma garantizan “que el examen que se haga de una decisión no resulte efectuado por un juzgador de especialidad diferente, o que una determinación adoptada por un juez colegiado se analice por una autoridad unipersonal”.

La peor crisis carcelaria en la historia

La situación carcelaria en el país es tan crítica que ahora el Gobierno Nacional deberá pedir excusas públicas, mediante nota verbal, a un alemán, quien en 1997 vio seriamente agravado su estado de salud porque la cárcel de Barranquilla, en la que estaba recluido, no contaba con baños para personas en sillas de ruedas, como él. La orden la dio el Consejo de Estado.

Esas condiciones llevaron a que el ciudadano alemán, preso por intentar llevar cocaína al exterior, tuviera que pasar "envuelto en su materia fecal y orina durante horas", lo cual le ocasionaba graves conflictos con sus compañeros; en protesta, dejó de comer durante 42 días. En su momento la solución del Inpec fue el traslado del preso a La Picota, donde tampoco había condiciones para que fuera al baño. El agravamiento de su estado de salud obligó, por mediación de la Embajada Alemana, a llegar un acuerdo diplomático para trasladarlo a un penal en su país natal, lo que sucedió en 1998.

Fue precisamente en ese año en que la Corte Constitucional declaró en fallo de tutela la existencia de un estado de cosas inconstitucionales en las prisiones del país, luego de verificar graves vulneraciones a los derechos fundamentales de los internos. Sentencia que ordenó remediar la situación de manera urgente, pero que, a diferencia de otros fallos similares, no tuvo los efectos esperados, ya que la Corte no mantuvo la competencia para ir vigilando el cumplimiento de las órdenes impartidas.

16 años después el panorama de las cárceles del país sigue siendo tan grave que la Defensoría del Pueblo ha insistido en múltiples ocasiones en la necesidad de decretar la emergencia carcelaria, para tomar medidas más efectivas. De hecho, el sindicato del Inpec está en paro y varios penales del país se abstienen de recibir más presos, porque simplemente ya no hay espacio.

La situación en los penales ha derivado en dolorosos hechos recientes. De acuerdo con cifras de la Defensoría conocidas por COLPRENSA, este año han muerto 27 reclusos incinerados o por quemaduras graves. 17 de estos en la cárcel Modelo de Barranquilla, en tragedia que enlutó a la ciudad el 27 de enero. Cinco más en un incendio del 15 de junio en la cárcel El Bosque de Barranquilla, uno en Bellavista (Medellín) el 29 de julio, dos en La Ternera (Cartagena) ese mismo día y otros dos en Cúcuta el pasado 8 de agosto.

Por si fuera poco, los dos muertos en Cúcuta y los 5 de El Bosque, estaban en Unidades de Tratamiento Especial (UTE), pues padecían trastornos psiquiátricos, pero sin que tuvieran la debida atención médica.

El riesgo que advierte la Defensoría es la inminencia de una tragedia en el penal de Quibdó (Chocó), pues por deficiencia de estructura, las redes eléctricas se encuentran expuestas y en permanente contacto con material inflamable.

COLPRENSA tiene en su poder una descripción de la problemática carcelaria elaborada por la Defensoría del Pueblo que da cuenta de cuatro elementos que coindicen en la mayoría de los penales del país. El primero de ellos, claro está, es el hacinamiento, que en algunos casos, como el de Riohacha, alcanza cifras del 450 por ciento, lo que implica que los reclusos cuentan con espacio vital que no pasa los 60 centímetros cuadrados.

http://www.eluniversal.com.co/colombia/la-peor-crisis-carcelaria-en-la- historia-175017

Comienza estudio de la doble instancia para los aforados

Para socializar antes de su primer debate el proyecto de la doble instancia para los aforados, el lunes el fiscal Luis Eduardo Montealegre se reunirá con los integrantes de la Comisión Primera de la Cámara, le contó a EL NUEVO SIGLO el representante por Nariño, Óscar Fernando Bravo, del Partido Conservador.

Se trata del proyecto de ley estatutaria número 109 de 2014 Cámara, “por medio de la cual se reforma la estructura y el funcionamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia”, radicado por Montealegre el 19 de septiembre.

“Es un proyecto interesante. Es de resaltar que el fiscal se preocupa por la doble instancia de los aforados, entre otros de los congresistas, cosa que es cumplir con una norma universal. En todos los Congresos del mundo tienen doble instancia, que alguien se preocupe de ello vale la pena resaltar”, dijo.

Bravo aseguró que en la reunión con el fiscal Montealegre se le plantearán varias inquietudes, por ejemplo que “se elimina prácticamente la participación de la Procuraduría en algunos procesos y eso nos preocupa porque el Ministerio Público siempre debe actuar como representante de la sociedad y a pesar de la existencia de jueces de garantías”.

Por otro lado, el representante por el Valle del Cauca, Heriberto Sanabria, también del Partido Conservador, aseguró que “la Corte Constitucional ha venido diciendo que el Congreso está en mora de aplicar la doble instancia. Todos los mortales del planeta tierra tienen doble instancia, menos los congresistas de Colombia”.

El representante por Bogotá, Germán Navas, del Polo Democrático, aseguró: “hace muchos años antes de que eso estuviera excomulgado, yo solicité la doble instancia para los representantes y senadores. Eso fue hace 14 años y me costó un vaciadón de todo el mundo en los medios de comunicación”. Para Navas no es bueno que existan procesos de única instancia. “Yo lo propuse acogiéndome a las diferentes convenciones en materia de derechos humanos. No es nada nuevo, es lo elemental”, manifestó.

Consulte la noticia completa en
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-2014-comienza-estudio-de-la-doble- instancia-para-los-aforados.html

Insisten en creación de jueces de tutela

El porcentaje de tutelas sobre el total de los procesos que ingresan a los despachos judiciales ha aumentado considerablemente desde 1997, cuando representaban el 2.8% del total de ingresos a la jurisdicción, hasta 2013, año en el cual alcanzaron el 26%, lo que lleva a analizar la necesidad de tener jueces exclusivos para atender este mecanismo, indicó la Corporación Excelencia en la Justicia.

En ese sentido señala que el incremento constante de las demandas de protección de los derechos fundamentales representa un desafío para formular políticas públicas de justicia y como en muchos casos en Colombia, se busca responder a este con un cambio normativo. “La propuesta más reciente, que no se incluye en ninguna de las reformas que hoy cursan en el Congreso de la República, sugería la creación de jueces especializados para atender acciones de tutela y sustraer así del conocimiento de la jurisdicción ordinaria el alto número de causas constitucionales”, dice.

Agrega que con todo, no cabe duda de que las cifras obligarán a retomar el asunto; “por mencionar tan solo un par de ejemplos de la alarmante situación, las tutelas significan el 35% de la carga en la jurisdicción civil y más del 23% en la jurisdicción administrativa, lo cual, gracias al trámite preferente que tienen estas acciones, afecta negativamente los niveles de producción judicial ya de por sí aquejados por otras varias razones”.

La migración del litigio ordinario hacia la tutela no puede desconocerse, pero “tampoco la creación de una nueva jurisdicción constitucional, con los cambios de arquitectura institucional que una reforma como esta supondría, requiere detenerse a pensar en los costos que implicaría no sólo en términos de infraestructura o talento humano sino, quizás principalmente, en relación con el que podría verse como un retroceso tras haber alcanzado que todos los jueces sean garantes directos de los derechos constitucionales”.
 

Reforma de Equilibrio de Poderes, solo una entre decenas

Aunque la más sonada es la iniciativa gubernamental de equilibrio de poderes, a la espera están modificaciones que buscan la unificación de periodos y establecer el fuero militar, entre otras.

En el Senado de la República se encuentran 22 proyectos de acto legislativo, varios de los cuales apuntan también a una reforma política, entre ellos, la propuesta del Centro Democrático que busca una “reforma de equilibrio orgánico de frenos y contra pesos” y la otra presentada por el Polo Democrático para adoptar medidas contra la corrupción política y el constreñimiento al elector y que plantea eliminar la reelección del presidente de la República y garantizar la independencia de los poderes públicos.

Ambas ideas, que están en las orillas de oposición, no se han empezado a debatir y tiene puntos que ya se están discutiendo en los debates de la reforma del Gobierno Nacional: el voto obligatorio, el tribunal de aforados y la reelección.

Otra discusión, también incluida en la iniciativa del Ejecutivo, la presentó la Alianza Verde, enfocada a evitar la reelección de los magistrados de las altas cortes y a establecer un periodo de ocho años.

Hasta el momento el protagonismo lo tiene la iniciativa institucional, en la que se aprobó en segundo debate de Senado, la eliminación de la reelección presidencial y de los organismos de control; estableció la lista cerrada para las elecciones de 2022, incluyendo el sistema cremallera que ordena por género (hombre y mujer) a los candidatos, y creó una figura para reemplazar la Comisión de Acusaciones, que se llamará Tribunal de Aforados. Así, difícilmente las reformas presentadas por el Centro Democrático y el Polo Democrático llegarán a ser discutidas en esta legislatura.
Colprensa

http://www.larepublica.co/reforma-de-equilibrio-de-poderes-solo-una-entre-decenas_182046

Minjusticia anuncia proyecto para regular detenciones preventivas

Una fórmula que seguramente va a provocar polémica, pero que podría ser una primera gran reforma de la justicia, será presentada ante el Congreso por el ministro de Justicia, Yesid Reyes, y el fiscal general, Eduardo Montealegre: la reducción drástica de las detenciones preventivas.

Al hacerle el anuncio a EL TIEMPO, Reyes también reveló que el sistema penal acusatorio, que está fallando, será sometido a cirugía, en la que los dos operadores ‘quirúrgicos’ serán también Ministro y Fiscal.

Reyes, quien se especializó en derecho penal y criminología, y es magíster en ciencias penales, inicia su diálogo explicando cómo va a mejorar la eficiencia de la justicia.

“De varias maneras. Por ejemplo: la mitad de las audiencias del sistema penal se aplazan porque hay conflictos de agenda. Es decir, cuando fijan fecha para una audiencia, esa fecha queda reservada. Y los abogados pueden alegar conflictos de agenda, porque se les cruza con otras diligencias para no comparecer, provocando un aplazamiento de la audiencia por lapsos hasta de ocho meses o más. Vamos a organizar de tal manera que nunca los abogados puedan alegar esos conflictos”.

¿Se trata del comienzo de los ajustes al sistema oral?
Sí. Hay que hacerle cirugía, y estamos trabajando con la Fiscalía en un proyecto de ley para arreglar varios de los problemas que tiene el sistema. En la práctica, cambiamos un sistema que era escrito por un sistema donde se lee lo escrito. No cambiamos en universidades la forma de enseñar el derecho. Seguimos enseñando para un procedimiento escrito, y eso explica lo que sucede actualmente: el procedimiento oral se está reduciendo a leer escritos.
Conclusión: ¿el sistema oral no funciona? Sí funciona, pero tiene fallas.

¿Y graves?
Sí, pero no se puede decir que el sistema anterior era más eficiente. El sistema nuevo es mejor, aun cuando tiene fallas que se deben corregir para impedir que colapse. Vamos a omitir la lectura en las audiencias.

Reitero mi pregunta: ¿fracasó el sistema oral?
No, porque el sistema acusatorio no es solamente oralidad. Es una concepción distinta, que supone dos partes en el proceso –acusación y defensa– y un juez, que es el fiel de la balanza y decide. Eso se mantiene. Lo que sí se va a reformar es la audiencia de imputación de cargos, que será eliminada.

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Así quedó en segundo debate de Senado la reforma de equilibrio de poderes

En la noche de este jueves, la plenaria del Senado aprobó en segundo de ocho debates la reforma de equilibrio de poderes. Entre los artículos que recibieron el visto bueno, está la eliminación del voto obligatorio, de la reelección y del Consejo Superior de la Judicatura.

Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, “con este debate, el Congreso dio una demostración de seriedad. Esta es una reforma ambiciosa, porque partimos de la base que no está funcionando bien la institucionalidad colombiana”.

Principales puntos aprobados:

- La eliminación de todas las formas de reelección en Colombia. La reelección presidencial solo podrá ser autorizada a través de un referendo o de una asamblea nacional constituyente.

- La eliminación del voto preferente y aprobación de la fórmula “cremallera”. Esta se realizará alternando hombres y mujeres, los de un género ocuparán los puestos pares y los del otro, los impares.

- Se aprobó un parágrafo transitorio que establece que se aplicará paulatinamente la lista cerrada para elegir corporaciones públicas, es decir que para las elecciones del próximo año seguirá abierta, para el 2018, se hará semicerrada y, para el 2022, se implementará definitivamente la lista cerrada.

- Eliminación de la Comisión de Acusaciones y se creará el Tribunal de Aforados, integrado por cinco magistrados encargados de investigar y acusar ante el Congreso. Sus miembros serán elegidos por el Congreso de ternas que envíen las cinco mejores facultades de Derecho del país.

- La eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, que da paso a la creación del Sistema Nacional de Gobierno y Administración Judicial.

- La ampliación de la figura de la “silla vacía” (pérdida de la curul). Se aplicará para quien haya sido condenado por delitos contra la administración pública, actualmente solo se aplica para quienes tengan condenas por nexos con grupos armados ilegales. Esta medida aplica para el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos municipales y locales.

- La eliminación de la puerta giratoria. Quien haya ejercido como magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y del Tribunal Nacional Disciplinario no podrá desempeñar el cargo de Contralor, Procurador, Fiscal, Defensor y Registrador, ni podrá aspirar a cargos de elección popular, sino un año después de haber finalizado su periodo.

- Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos por la respectiva corporación mediante el voto afirmativo de las tres quintas partes de sus miembros, de listas de elegibles conformadas mediante convocatoria pública adelantada por la Sala de Gobierno Judicial.

- Se incrementa el requisito de experiencia a 25 años para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y no puede haber ejercido como magistrado.

-Los candidatos a Presidencia, Vicepresidencia, gobernaciones y alcaldías que queden en segundo lugar podrán obtener una curul en Senado, Cámara, asambleas y concejos, respectivamente.

http://bit.ly/1DF6ibl

Sistema judicial y circunscripción Nacional de Senado: temas prioritarios en Equilibrio de Poderes

Supresión del Consejo de la Judicatura, Curul para el segundo en votación popular, Elección de Contralor por meritocracia, castigo a políticos que cometan irregularidades, son algunos de las modificaciones aprobadashasta el momento en el debate que se adelanta sobre el proyecto de Equilibrio de Poderes.

Luego de un amplio debate fueron aprobadosvarios artículos que modificará parte del sistema judicial y conformación del Senado que generó controversia por parte de las distintas bancadas, al tiempo que el Gobierno a través del Ministro del Interior Juan Fernando Cristo, defendió la representación de los 32 departamentos del país, mediante la elección en las urnas de un senador.

Inicialmente en el desarrollo del debate, la plenaria aprobó dentro del articulado del proyecto de Equilibrio de Poderes, el que hace mención a los candidatos a Presidente y Vicepresidente de la República, Gobernador de Departamento, Alcalde Distrital y Alcalde Municipal que sigan en votos a quienes la Organización Electoral declare elegidos en los mismos cargos, ocuparán una curul en las corporaciones respectivas, durante el periodo para el cual se hizo la correspondiente elección.

De otra parte, fue sometido a consideración el artículo 24 que reforma el Consejo Superior de la Judicatura, con 46 votos positivos y 12 en contra, para que la entidad sea eliminada y reemplazada por 3 instituciones conformadas por una Sala de Gobierno Judicial, un Director Ejecutivo y una Junta Directiva, las cuales se encargarían de las funciones que viene realizando el Consejo de la Judicatura. Esta iniciativa, pese a que fue aprobada, aún le faltan 6 debates más para su aprobación final. Por su parte el Senador Álvaro Uribe (Centro Democrático), solicitó que se respeten los derechos de los funcionarios de carrera administrativa.

En cuanto a la discusión del Artículo 21, fue aprobado con 36 a favor y 16 en contra, el cual hace referencia a condiciones para que un Magistrado que se presente para elección popular, debe renunciar un año antes para no inhabilitarse, proposición que presentó el Senador Mauricio Lizcano, (Partido de la U), quien indicó que se incluya dicha inhabilidad para quienes conformen el Tribunal de Aforados, mientras el Senador Carlos Enrique Soto, (Partido de la U), solicitó que se incluyera también para los que aspiran a ser ministros.

Así mismo se fijó dos meses de plazo para que los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado elijan a sus componentes, so pena de calificarlo como una falta grave, mientras también fue aprobada la condición de la edad de retiro a los 70 años.

También fue admitido con 43 votos a favor y 21 en contra, la elección de los contralores de los departamentos y municipios, quienes serán sometidos a un concurso de méritos por la Comisión de Servicio Civil.

Otra modificación fue la resultante de la aprobación de establecer un castigo contra los políticos que realicen hechos irregulares en el desarrollo de sus campañas electorales, quienes serán objeto de la figura de la Silla Vacía, la propuesta fue presentada por el senador Mauricio Lizcano (Partido de la U), quien explicó que cualquier irregularidad en dicho proceso, se podría sancionar con la pérdida de la curul.

Como parte de la discusión sobre la urgencia de darle representatividad a los 14 departamentos que hoy no cuenta con senador en la Cámara Alta, el legislador Roy Barrera del partido de la U, propuso la conformación de una subcomisión, con el propósito de examinar en detalle la el sistema de circunscripción Nacional.

http://www.radiosantafe.com/2014/10/16/sistema-judicial-y-circunscripcion-nacional-de-senado-temas-prioritarios-en-equilibrio-de-poderes/


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