¿Por qué es importante?

• Los trámites y actuaciones frente a las entidades públicas hacen parte de la cotidianidad de los colombianos, en vista de que prestan diferentes tipos de servicios como de salud, domiciliarios, liquidación de pensiones, pago de salarios, cobro de impuestos, oferta educativa, etc.
• Frente a la solicitud del ciudadano de estos servicios y/o a la reclamación de sus derechos, las entidades públicas deben responder de conformidad con la ley y la jurisprudencia, haciendo primar la garantía de los derechos fundamentales de los colombianos.
• Sin embargo, la respuesta del Estado consiste generalmente en negar las solicitudes del ciudadano y en no reconocer el derecho, amparados en la falta de claridad normativa, la inestabilidad jurisprudencial, la falta de recursos o en el temor al control fiscal y disciplinario.
• No obstante, el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (CPAyCA) define nuevas reglas para mejorar la oportunidad de reconocimiento de los derechos a los ciudadanos en sede administrativa, de manera que por lo general el conflicto sea resuelto por el Ejecutivo y no por la Rama Judicial.
• Este esquema conduce a que se disminuya el volumen de conflictos que ingresa a la jurisdicción contenciosa y a que estos sean resueltos de manera pronta.  
• De esta forma, no sólo se mejoraría el acceso a la justicia, sino también se reduciría el impacto fiscal de las demandas en el presupuesto del Estado.   

¿Qué regula?

• El trámite del derecho de petición, el procedimiento administrativo y jurisdiccional para la resolución de conflictos con el Estado y la organización de la jurisdicción contencioso administrativa.  

Régimen Anterior

Régimen Actual

El costo para el Estado de las demandas en su contra es muy alto, viéndose obligado al pago de cuantiosas sumas de dinero que podrían haberse limitado en su valor si los derechos de los ciudadanos hubieran sido reconocidos de manera oportuna en sede administrativa o jurisdiccional.